Margaret Satterthwaite presentó en La Paz los principales planteamientos de sus informes recientes sobre independencia judicial, nombramiento de jueces y sistemas de justicia indígena. Más de 80 personas participaron de un diálogo que vinculó los estándares internacionales con los desafíos actuales de la justicia boliviana.
La Paz, 15 de septiembre de 2026.– La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB), a través de su Carrera de Derecho y del Instituto para la Democracia (IpD), junto con la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Fundación CONSTRUIR, realizó la conferencia académica “Reforma e independencia judicial ante los desafíos de la democracia”, con la participación de Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados. La actividad contó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Bolivia.
El encuentro se desarrolló en el Campus Central de la UCB, en La Paz, y reunió a más de 80 participantes, entre estudiantes, docentes, profesionales del derecho, autoridades indígenas y representantes de instituciones públicas, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
La actividad se inició con palabras de bienvenida de Felipe Cordero Cervantes, por la UCB, y de Ramiro Orias Arredondo, Director de Programa de DPLF. La intervención central estuvo a cargo de Margaret Satterthwaite, quien presentó y puso en diálogo los principales planteamientos desarrollados por su Relatoría en tres informes temáticos recientes ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Principios para el nombramiento de jueces (A/HRC/62/43), de 2026; El derecho de los pueblos indígenas a sus propios sistemas de justicia (A/HRC/59/52), de 2025; e Independencia judicial frente a los desafíos contemporáneos a la democracia (A/HRC/56/62), de 2024.
La independencia judicial como condición de la democracia
Uno de los ejes centrales de la exposición fue la relación entre independencia judicial, Estado de derecho y democracia. El informe presentado por la Relatora en 2024 advierte sobre los desafíos que afrontan los sistemas de justicia cuando son objeto de intentos de captura, restricciones institucionales, interferencias o utilización abusiva con fines ajenos a su función.
La independencia de jueces y tribunales, explicó el marco desarrollado por la Relatoría, no constituye solamente una garantía para quienes ejercen funciones judiciales. Es también una condición para que todas las personas, incluidas las propias autoridades estatales, estén sometidas a la ley y para que el Poder Judicial pueda controlar que las actuaciones de los otros órganos del Estado permanezcan dentro de los límites constitucionales y legales.
Esta perspectiva cobra especial importancia en contextos de transformación institucional. Una reforma judicial no debe evaluarse únicamente a partir de los cambios formales que introduce, sino también preguntando si estos fortalecen o debilitan la posibilidad de que jueces y magistrados adopten decisiones sin presiones políticas, económicas o de otra naturaleza.
Nombrar jueces independientes
La Relatora dedicó especial atención a su informe más reciente, “Principios para el nombramiento de jueces” (A/HRC/62/43), que sistematiza garantías destinadas a fortalecer la independencia y la imparcialidad desde el momento mismo en que se selecciona y designa a quienes ejercerán funciones jurisdiccionales.
El documento plantea que los sistemas de nombramiento deben asentarse sobre un marco jurídico claro y mecanismos capaces de reducir interferencias indebidas. Entre los aspectos considerados se encuentran la independencia e imparcialidad de las autoridades responsables de la selección, el establecimiento previo de criterios objetivos, la valoración del mérito y la integridad profesional, la igualdad de oportunidades, la transparencia de los procedimientos, la motivación de las decisiones y la existencia de mecanismos adecuados de revisión o impugnación.
La Relatoría ha insistido, además, en que la independencia judicial se vincula estrechamente con la forma en que se realizan los nombramientos y con las garantías posteriores de permanencia en el cargo. Los procesos deben evitar que la intervención de otros poderes se transforme en un mecanismo de politización y deben privilegiar las capacidades, méritos e integridad de las personas seleccionadas.
El planteamiento permitió ampliar la discusión sobre las reformas judiciales: no basta preguntarse quién elige a los jueces. Resulta igualmente necesario examinar bajo qué reglas se produce esa elección, qué actores participan, cuáles son los criterios utilizados, qué niveles de transparencia existen y qué garantías permiten que, una vez designados, los jueces ejerzan sus funciones con independencia.
El derecho de los pueblos indígenas a sus propios sistemas de justicia
Un tercer componente fundamental de la conferencia estuvo dedicado al informe de 2025 sobre el derecho de los pueblos indígenas a mantener y desarrollar sus propios sistemas de justicia.
Satterthwaite situó estos sistemas dentro del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y destacó su relevancia para la resolución de conflictos, el acceso a la justicia y la preservación de formas propias de organización social, cultural y jurídica.
El reconocimiento formal, sin embargo, no resulta suficiente. El informe examina obstáculos que persisten incluso en Estados que constitucionalmente reconocen el pluralismo jurídico: limitaciones al ámbito de actuación de las autoridades indígenas, falta de mecanismos adecuados de coordinación, subordinación práctica frente a órganos de la justicia ordinaria y dificultades para lograr que las instituciones estatales reconozcan efectivamente sus procedimientos y decisiones.
Esta problemática posee especial relevancia para Bolivia, cuyo ordenamiento constitucional reconoce la jurisdicción indígena originaria campesina. Observaciones internacionales dirigidas al Estado boliviano han señalado también la necesidad de asegurar en la práctica la igualdad jerárquica entre jurisdicciones, establecer mecanismos efectivos de coordinación y proporcionar recursos suficientes para que la jurisdicción indígena pueda cumplir adecuadamente sus funciones.
La exposición permitió así trasladar la discusión desde el reconocimiento jurídico del pluralismo hacia un problema más complejo: qué condiciones institucionales, materiales y de coordinación son necesarias para que ese reconocimiento se convierta en una posibilidad efectiva de administrar justicia.
Tres comentarios desde la experiencia boliviana
Tras la exposición de la Relatora, Felipe Cordero Cervantes, Director de la Carrera de Derecho de la UCB; Leonardo Villafuerte Philippsborn, profesor investigador y Responsable del Instituto para la Democracia; y Rafael Vergara Sandóval, profesor universitario, comentaron los tres grandes ejes presentados, vinculándolos con interrogantes y experiencias del contexto boliviano.
Cordero centró su reflexión en la distancia que puede existir entre la independencia judicial reconocida por las normas y su ejercicio efectivo, planteando como cuestión central si un juez dispone realmente de condiciones para adoptar decisiones que puedan incomodar al poder sin poner en riesgo su función. Villafuerte abordó los desafíos que enfrenta la jurisdicción indígena cuando sus decisiones son examinadas desde parámetros externos a la racionalidad de las propias comunidades y planteó las preguntas de quién interpreta los derechos humanos y quién determina cuáles son los valores indígenas. Vergara, por su parte, contrastó los principios internacionales sobre nombramiento de jueces con el diseño constitucional boliviano, particularmente con el sistema de selección de altas autoridades judiciales mediante votación popular y la relación entre legitimidad democrática e independencia jurisdiccional.
Las tres intervenciones tuvieron así el propósito de acompañar la exposición central de Satterthwaite trasladando sus planteamientos a problemas concretos de la realidad jurídica boliviana.
Autoridades indígenas plantean las condiciones materiales para ejercer jurisdicción
El posterior espacio de preguntas y comentarios permitió incorporar las experiencias de quienes asistieron al encuentro. Entre las intervenciones destacó la de Efraín Bahoz Huarachi, Apu Mallku de Jach’a Karangas, quien tomó la palabra para plantear que el reconocimiento estatal de la jurisdicción indígena debe traducirse también en condiciones efectivas para su ejercicio. Su participación como autoridad de Jach’a Karangas consta entre los asistentes registrados en la conferencia.
Bahoz solicitó que el Estado reconozca la labor que realizan las autoridades indígenas al ejercer funciones jurisdiccionales y que, en consecuencia, destine recursos que permitan contar con salarios, capacitación y otras condiciones indispensables para la adecuada prestación de este servicio.
Su intervención conectó directamente con uno de los principales asuntos planteados durante la conferencia: la distancia que puede existir entre el reconocimiento normativo de una institución y su efectividad. En el caso de la jurisdicción indígena, el debate no se limita, por tanto, a reconocer constitucionalmente su existencia y competencias, sino que alcanza también las condiciones materiales necesarias para que las autoridades puedan ejercerlas.
Un diálogo internacional sobre los desafíos de la justicia boliviana
La conferencia concluyó con un diálogo entre la Relatora, los comentaristas y los participantes, que permitió examinar los desafíos de la reforma judicial desde perspectivas complementarias y las palabras de cierre Susana Saavedra, Directora de Fundación CONSTRUIR.
La presencia de Margaret Satterthwaite brindó una oportunidad para conocer directamente el trabajo más reciente de la Relatoría Especial de Naciones Unidas y discutir, desde Bolivia, tres asuntos estrechamente relacionados: cómo preservar la independencia judicial en contextos democráticos sometidos a nuevas tensiones; cómo diseñar sistemas de nombramiento que protejan la independencia e imparcialidad de los jueces; y cómo avanzar desde el reconocimiento formal hacia la efectividad de los sistemas de justicia de los pueblos indígenas.
Para la Carrera de Derecho y el Instituto para la Democracia (IpD) de la Universidad Católica Boliviana, la actividad forma parte del propósito de generar espacios académicos de investigación, reflexión y diálogo público en los que los estándares internacionales puedan encontrarse con las experiencias y problemas concretos de la sociedad boliviana.Grabación e informes de referencia:
- Ver la grabación completa de la conferencia
- A/HRC/62/43 – Principios para el nombramiento de jueces
- A/HRC/59/52 – El derecho de los Pueblos Indígenas a mantener y desarrollar sistemas de justicia
- A/HRC/56/62 – Salvaguardar la independencia de los sistemas judiciales frente a los desafíos contemporáneos a la democracia
