La Ley de Imprenta debe ser actualizada al actual ecosistema mediático y al nuevo contexto del país, pero sin alterar un ápice sus principios y valores, hoy más vigentes que nunca, coincidieron en señalar los expertos que participaron este jueves 27 de marzo en la Cátedra Luis Ramiro Beltrán, organizada para reflexionar sobre los 100 años de esa norma, que se cumplieron el pasado 19 de enero del año en curso.

Deben mantenerse el derecho del ciudadano a “publicar sus pensamientos” libremente y “sin previa censura”, y las obligaciones de los periodistas para cumplir las normas éticas de la profesión, mantener el secreto de la identidad de sus fuentes, y someterse a un Tribunal de Imprenta, si algún caso así lo justificara, se destacó en las exposiciones.

La Cátedra se realizó en un formato de panel con cuatro expertos como expositores: Juan Carlos Salazar, Premio Nacional de Periodismo 2016 y director de la Carrera de Comunicación Social de la U.C.B. Sede La Paz; Zulema alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB); Erick Torrico, director académico del Área de Posgrado en Comunicación y Periodismo de la Universidad Andina Simón Bolívar; y Andrés Gómez, periodista y abogado.

La moderación del evento estuvo a cargo del organizador del evento, José Luis Aguirre, director del Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo (Secrad).

Abrió el acontecimiento  la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, María Elena Lora Fuentes, para quien la exposición de la Ley de Imprenta a la reflexión de los comunicadores actuales podría llevar a pensar que la norma cayó en la obsolescencia, aunque en realidad la norma tiene la virtud de “trasladar su alcance a los medios digitales de nuestro tiempo”.

Inmediatamente, el director de la Carrera de Comunicación Social, Juan Carlos Salazar  expuso un minucioso análisis de los antecedentes que llevaron a la promulgación de la Ley de Imprenta por el presidente de la República, Bautista Saavedra, el 19 de enero de 1925.

Recordó que el periodismo hace su trabajo en cuatro circunstancias: en democracia, bajo regímenes autoritarios, en gobiernos dictatoriales y en conflictos armados, donde, sin excepción, ningún gobierno acepta plenamente la fiscalización de la prensa, que siempre está obligada a “cuestionar y poner en duda la verdad única”.

Para Salazar, la vigencia de la Ley de Imprenta es la expresión de la larga lucha de los periodistas desde el nacimiento de la república, “una lucha que no ha concluido”.

La segunda expositora fue la presidenta de la ANPB, Zulema Alanez, quien destacó que la Ley de Imprenta no solo se ocupa de los derechos y obligaciones de los periodistas, sino de consagrar “en su esencia el derecho ciudadano a la libertad de expresión, (…) uno de sus aspectos más salientes”.

Para Alanes, la norma estableció tres pilares que amparan la práctica periodística: la protección ante intentos de censura, el secreto de identidad de las fuentes y los Tribunales de Imprenta.

El director académico del Área de Posgrado en Comunicación y Periodismo de la Universidad Andina Simón Bolívar, Erick Torrico, abordó el tema  bajo tres referentes del derecho: los valores, principios y estándares.

Argumentó que los valores de la Ley de Imprenta son la libertad responsable, el pluralismo y la democracia, entre otros; mientras los principios tienen que ver con el derecho a publicar, la supresión de la censura, la responsabilidad de los periodistas y la prohibición del cierre de cualquier medio; y, por último, los estándares están relacionados a la vigencia del Estado de derecho, la aplicación de la norma frente a  excesos y la conformación de Tribunales de Imprenta “sin interferencia estatal”.

Torrico remarcó que la norma podría actualizarse, pero con un decidido resguardo de sus valores, principios, y de sus estándares, “que son tareas inexcusables para el periodismo y la sociedad”.

Por su parte, el periodista y abogado Andrés Gómez destacó en parte de su exposición aspectos singulares relacionados a la Ley de Imprenta como el hecho de que tiene cien años de vigencia pero una sola sentencia emitida y apenas tres intentos de aplicación que acabaron en los archivos.

Gómez destacó que, en el presente, la Ley de Imprenta tienen tres desafíos: conformar Tribunales de Imprenta en las nueve capitales departamentales más El Alto; demostrar que la norma no es solo para periodistas sino para toda la gente, que debe tomar conciencia de que tiene derecho a plantear demandas con plena libertad de expresión; y a actualizar su contenido con urgencia.

El periodista y abogado remarcó la importancia del último punto al señalar que “es fundamental pensar en una actualización de la Ley de Imprenta “sin temor al debate”, pero manteniendo sus principios”. Mencionó que, al existir en el presente productos periodísticos hechos con inteligencia artificial (IA), surge la duda de  a quién juzgar si hubiera una violación a la norma, “¿al que difunde un producto procesado con IA, a la plataforma o a quién?”.

La rectora de Sede La Paz de la U.C.B., Ximena Peres, fue la encargada de cerrar la Cátedra y en su discurso afirmó que  las reflexiones de los panelistas representaron “un gran aprendizaje”.

Peres deseó “larga vida a la Ley de Imprenta” con el reto de su actualización y remarcó que la comunicación debe ser siempre, un derecho efectivo para todos los habitantes del país.