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MAYO  - Foro Ciudadano rechaza ratificación de convenciones que podrían vulnerar libertades de expresión y religiosa






Foro Ciudadano rechaza ratificación de convenciones que podrían vulnerar libertades de expresión y religiosa

Ningún país miembro de la OEA ratificó las convenciones desde 2013. En Bolivia, la Cámara de Diputados las aprobó en febrero. El senador Víctor Hugo Zamora exigió al Ejecutivo emitir un parecer y sugirió a la Cámara de Senadores paralizar su tratamiento. El Viceministro de Justicia dijo que se tomarán en cuenta las sugerencias. 

U.C.B. / La Paz/ 16-03-17
Organizaciones religiosas e instituciones civiles rechazaron este miércoles la ratificación de dos convenciones aprobadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) –la “Convención Interamericana Contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia” y la “Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia”– porque podrían vulnerar las libertades de expresión y religiosa. Ambas convenciones se encuentran en la Cámara de Senadores después que la Cámara de Diputados aprobara en febrero del presente año su ratificación.

Al “Foro de Interés Ciudadano: Libertad de Expresión y Libertad Religiosa”, organizado por la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores, asistieron representantes y expertos de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia (Andeb), la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Voces Católicas y otras instituciones de la sociedad civil.

El Secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y Obispo Auxiliar de La Paz, Monseñor Aurelio Pesoa Ribera, afirmó que “nos tiene preocupados la vulneración de los derechos humanos, la libertad de expresión y la libertad religiosa”, que podrían verse afectadas por la ratificación de las convenciones.

Afirmó que “el crear supraderechos, como ocurre con la intolerancia, ceder competencias de tribunales nacionales a tribunales internacionales, así como el debate mismo de la convención, son temas que vale la pena compartir construyendo espacios de diálogo y debate que permitan construir ideas y defender los derechos de las personas”. Sugirió a los participantes continuar reflexionando, independientemente del credo que uno pueda profesar.

El Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Marco Antonio Fernández Calderón, afirmó que la U.C.B. y “la Iglesia Católica reconocen en todo ser humano a un Hijo de Dios, dotado por ello de plena dignidad; y, en esa dimensión están en contra de cualquier tipo de discriminación e intolerancia”.

Añadió, sin embargo, que preocupa la amplitud de la definición de intolerancia en los documentos mencionados, que puede dar lugar a que se considere intolerante a cualquier opinión por el solo hecho de expresarla.

La autoridad también afirmó que “preocupa la posibilidad de que la entrada en vigor de las convenciones signifique renunciar a la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia, entregando el poder de definir y controlar por sí aquello que definen como conducta antijurídica y vulneradora de derechos a tribunales internacionales”.

En esa línea, aseguró que “no en vano estas convenciones no han sido ratificadas por ningún Estado (35) del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Canadá se retiró de las negociaciones acusando que el proyecto era contrario a los derechos humanos”.

La asesora general de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, Ruth Montaño, afirmó que, el conjunto de las iglesias evangélicas que representa, rechaza la ratificación de las dos convenciones. “A la luz de nuestra Constitución que garantiza los derechos fundamentales, no podemos permitir que se aprueben y se ratifiquen estas convenciones; la verdad es que queremos que se haga llegar nuestra voz como iglesias (al Legislativo y al Ejecutivo)”. Afirmó que “(las dos convenciones) son poderosos obstáculos para las libertades de expresión, libertad religiosa y libertad de enseñanza”.

Scott E. Isaacson, profesor de la Universidad Brigham Young (EEUU), y miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aseguró que “las disposiciones de la Convención constituyen una amenaza para las libertades de expresión, la asociación y religión, así como los derechos parentales asociados de dirigir y garantizar la educación de los niños de acuerdo con sus propias convicciones morales, éticas y religiosas”.

Explicó que “la amplitud de la definición de intolerancia es tal que permitiría la persecución del mero discurso y carece de la suficiente claridad y precisión para constituir un aviso justo de lo que se puede o no se puede expresar”. Por lo señalado, pidió que no se ratifiquen las convenciones.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Ernesto Jiménez Guachalla, que disculpó la ausencia del Ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, hizo una amplia explicación de leyes que el Gobierno emitió en la última década en favor de los derechos humanos. Sobre el foro ciudadano dijo que el Gobierno tomará en cuenta las conclusiones.

“La temática específica de la libertad de expresión, la libertad religiosa pueden ser un aporte significativo en este foro; las conclusiones por supuesto las tomaremos en cuenta en el marco de la reflexión y el debate interno”, añadió.

Libertades en riesgo

Ana María Celis, abogada y docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, dijo que es malo discriminar pero las convenciones analizadas son inconsistentes porque eliminan opiniones de terceros, justamente lo que hace a la democracia.

Además, continuó, la “convención obligaría a los estados parte a censurar y sancionar discursos o actividades que puedan encuadrarse dentro de la definición de intolerancia”. Esto, dijo, “implica  discrepancia u oposición a la opinión de un tercero sin necesidad de verificar el perjuicio de otros derechos y todo porque la opinión expresada será denunciada como intolerante”.

Afirmó que las convenciones también obligarían a los estados parte a castigar toda enseñanza religiosa que implique un juicio moral acerca de conductas humanas. “Incluso las creencias pueden ser consideradas ilícitas”, en el ámbito público y al interior de las organizaciones.

Tomás Henríquez, también abogado y docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, precisó que las convenciones buscan crear un marco jurídico en el cual un Estado se vuelve responsable de prevenir toda forma de discriminación e intolerancia en los ámbitos público y privado. Con esto, dijo, “un Estado pasa a ser subsidiario de un estado de súper vigilancia constante”.

Añadió que las convenciones “generan la obligación de establecer mecanismos para monitorear cada una de las relaciones sociales públicas y privadas” de las personas. Dijo que los blancos de la acción intolerante son la dignidad, la convicción y la opinión de las personas. “Estos tres elementos no son iguales, no pueden estar en una misma categoría, y a la hora de interpretar y aplicar generan problemas. Las opiniones son mutables y pueden ser confrontadas y modificadas por otra en la búsqueda de consenso, pero la convención ve que esto es ilícito”. Afirmó que una persona debe ser respetada independientemente de sus opiniones.

Piden paralizar tratamiento

El presidente de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores, Víctor Hugo Zamora Castedo (PDC), dijo que efectivamente ambas convenciones fueron aprobadas por la Cámara de Diputados en febrero del presente año y ahora se encuentran en la de Sanadores.

Al final del foro ciudadano, dijo que el rechazo de las iglesias a la ratificación de ambas convenciones le permite solicitar a la Cámara Alta la paralización del tratamiento de ambos documentos. También dijo que se exigirá al Ejecutivo un pronunciamiento sobre la viabilidad o no de las dos convenciones, pues “ponen riesgo las libertades de expresión y religiosa” en el país.




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